COLOMBIA
Crisis económica y ataques a los trabajadores La crisis económica mundial iniciada en 2008 sigue siendo descargada sobre la clase trabajadora mundial. Según Naciones Unidas “la mejora moderada que se ha previsto para 2017 y 2018 indica más una estabilización económica que una reactivación”.
El aumento local del costo de vida en 2017 fue del 4,3%, y el desempleo se mantuvo en el 9,2%  pero con baja de la calidad y la formalidad del empleo, situación que se agravará para los trabajadores, si tenemos en cuenta  lo que dice ANIF y analistas burgueses. Coinciden en que se “necesita” un nuevo ajuste dado que los recursos recaudados por la reforma tributaria fueron menores a lo esperado y a que la economía no creció lo suficiente.a recuperación anémica de la economía la han logrado gracias a la aplicación de severos planes de ajuste contra los trabajadores, en especial de países como Rusia, China y Brasil, con importante peso del proletariado industrial. También gracias a la lenta recuperación de los precios de las materias primas producidas por las semicolonias. Otro mecanismo de la “estabilización” que es en sí mismo una bomba de tiempo, es el endeudamiento general. La agencia Fitch pronostica un crecimiento económico mundial de 3,1% en el 2018, dejando con un modesto 2.8% a Colombia que cierra el 2017 con un 1,7% (menor a lo esperado), manteniéndose la tendencia a la desaceleración.
El primer semestre la “confianza inversionista” se ve afectada a causa de las elecciones, por los escándalos de corrupción relacionados, y el retraso de obras de infraestructura como las carreteras 4G. De hecho, la agencia Standard and Poor’s (S&P) bajó la calificación del riesgo crediticio de Colombia, esto significa que les preocupa la capacidad del gobierno para seguir cumpliendo fielmente como hasta ahora con los pagos de la deuda que sigue representando el 41% del PIB. Las recomendaciones preventivas de esta agencia apuntan a exigir la reducción del déficit fiscal, lo cual significa recorte del presupuesto social y endurecimiento de los ataques contra los trabajadores para garantizar el pago del servicio (cuota en interés anual) de la deuda que ya se “chupa” en promedio 7,5% del PIB anual.
La tendencia es cada vez a mayor control de organismos como la OCDE sobre la economía, por lo que sus “recomendaciones” seguirán determinando la política económica colombiana independientemente del presidente que sea elegido en mayo como lo reconoce la propia S&P.
Hay que recordar que la reforma tributaria de 2017 además de gravar los ingresos de los trabajadores, disminuyó los impuestos a los ricos, entonces mejoras en los ingresos de la nación como por ejemplo los aumentos recientes de la productividad petrolera se verán sin efecto por ingresos que desaparecerán como el impuesto al patrimonio (el único impuesto que existía por ser rico). Se sabe que el IVA del 19% desestimuló el consumo, no obstante no planean reducirlo, sino que buscan una disminución del gasto público y una nueva reforma tributaria aún más regresiva.
La reducción del gasto es un hecho, ya está aprobado el presupuesto general de la nación (PGN 2018), que reduce la inversión y los gastos de funcionamiento del Estado, también se reducen los dineros del Sistema General de Participaciones con lo que se incumplirán acuerdos como los firmados con Fecode y se afecta la ya poca inversión en salud y educación; también afectará varios puntos del acuerdo de La Habana referentes a la inversión en el campo, la reparación de las víctimas, etc.

Los únicos sectores que recibirán aumento de presupuesto serán la Presidencia, el Congreso de la República, la Registraduría, y las Fuerzas Militares, es decir, que no reducen los gastos de su propia maquinaria, ni la corrupción, ni decrece el gasto militar que se mantiene dentro de los rubros más grandes con un 18% del total del gasto público. Vale la pena preguntarse, porque aumentar el presupuesto militar, pues eso no concuerda con la tan cacareada paz. En contraste, se reduce casi a la nada los presupuestos para ciencia y tecnología, y el de protección del medio ambiente.
En materia laboral la política es pauperización y aumento de la tercerización
El salario mínimo aumentó en un 5,9%, mientras que los mismos informes de la burguesía muestran que los gerentes ganan salarios por 26 veces el sueldo de los operarios y las mujeres siguen llevando la peor parte en materia salarial. Aunque la tercerización y precarización del empleo tiene ya varios años, estamos asistiendo a una ofensiva cada vez mayor. La OCDE y los fondos privados de pensiones (entidades del capital financiero que usan los dineros de los trabajadores para invertir en los mercados bursátiles y lucrarse de ellos) presionan hacia una reforma pensional más agresiva que las anteriores. Este año una de las pretensiones del gobierno será la de acabar de una vez por todas con el régimen de prima media, y con ello tener vía libre para aumento de la edad y eliminación del tope mínimo.
Debemos seguir el ejemplo de los trabajadores de Argentina, Brasil y otros países y organizar el paro nacional o huelga general contra el ajuste. La huelga de los tercerizados de Indupalma y de los trabajadores de Aguas de Bogotá, nos muestra que los trabajadores están dispuestos a luchar. Es necesario y urgente construir una dirección sindical consecuente que articule las luchas de los trabajadores, no será mediante las urnas sino mediante la lucha directa como logremos frenar y hacer retroceder estos planes.
Autor: Ivone
Editor Colombia 24 febrero, 2018